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Puerto Rico merece otra oportunidad

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En el Congreso de los Estados Unidos, un grupo de inversionistas que ha estado especulando con nuestros bonos ha bloqueado nuestro acceso al Capítulo IX del Código de Quiebra Federal. Al parecer, tienen más influencia sobre nuestro futuro que los más de ocho millones de ciudadanos americanos. Bajo el accidentado constructo estatuario y jurídico-legal que ha evolucionado durante el último siglo nosotros, que somos ciudadanos americanos, tenemos derechos limitados mientras residamos en Puerto Rico y los recuperamos con solo mudarnos a Nueva York, Miami u Orlando. Ilustraremos a continuación el gran impacto económico de esta extraña desigualdad de derechos.

Nuestra gran diáspora de 4.6 millones de puertorriqueños es producto de múltiples olas de migración. Originalmente, huían de la pobreza y el hambre, pero eso ha cambiado marcadamente. Hoy, nuestros mejores farmacéuticos, enfermeros y médicos se están reclutando en cantidades insostenibles; mientras el Congreso mantiene reembolsos altamente desiguales de Medicare y Medicaid. Puerto Rico recibe menos fondos federales para la investigación académica y los mejores investigadores científicos sucumben a las ofertas de las grandes universidades norteamericanas. Nuestros ingenieros recién graduados se mueven directamente a empleos en la NASA, Silicon Valley u otros clústeres tecnológicos.

Los Estados Unidos han servido como un imán para el talento global, pero su política restrictiva de inmigración ha limitado su impacto en otros países, excepto aquí, donde todos somos ciudadanos de nacimiento y podemos migrar sin restricción. Hoy, la creación de valor y de riqueza deriva principalmente del conocimiento humano, por ende la extracción de capital humano es un gran problema económico. Puerto Rico ha perdido y, el resto de los Estados Unidos ha ganado, el beneficio económico de cientos de miles de personas educadas y productivas que equivalen a cientos de miles de millones de dólares en capital humano y propiedad intelectual.

Nuestra economía local de servicio y consumo, antes eje principal de la actividad económica local, ha sido absorbida por empresas transnacionales estadounidenses. Aprovechando sus cadenas de suministro globales, han reducido dramáticamente la producción y creación de valor local y diezmado empleos locales. De acuerdo a los economistas, cada empleo que se “crea” en una tienda “big box” se traduce en una reducción neta de 2.5 empleos en la economía local. Como resultado de los esfuerzos de estos gigantes de mercadeo, Puerto Rico hoy importa el 85% de su consumo, a un costo más alto porque se nos obliga a transportarlo en barcos de la marina mercante de los EEUU. Este nivel de importaciones extrae, insosteniblemente, decenas de miles de millones de dólares anualmente de la economía local.

Al eliminar el Congreso los incentivos contributivos de la Sección 936, que habían transformado a Puerto Rico en el centro mundial de manufactura de productos farmacéuticos y financiado gran parte de su infraestructura física, removieron de la Isla un baluarte de actividad económica, sin mejorar las recaudaciones del erario federal. Las farmacéuticas simplemente movieron su producción a otros países y ello desencadenó una cascada de eventos económicos adversos precursores de la crisis actual.

Nuestros gobiernos no entendieron que estos cambios no eran cíclicos, sino estructurales y tomaron más dinero prestado para estimular la economía. Ahora debemos $70 mil millones y estamos en el impago. La deuda, la fuga de capital humano y la perdida de riqueza local son retos grandes. El gobierno y sus departamentos y agencias se tienen que reformar, el padrinaje político-partidista tiene que ceder a una meritocracia profesional. Tenemos que implantar una nueva visión estratégica de desarrollo económico que gire alrededor de Puerto Rico como destino y exportador de innovación para el mundo.

Pero hoy, el Congreso de los Estados Unidos tiene que reconocer y asumir su gran responsabilidad por esta crisis desde su origen hace 117 años. Tiene que respaldar a Puerto Rico con soluciones apolíticas y lógicas que se alineen con esta nueva visión estratégica. La voz unida de todos los puertorriqueños debe reclamar acción inmediata para que la Isla pueda restructurar su deuda de manera ordenada.

 

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